Legislación ante el pluralismo informativo

En el año 1990, la ley Mammì, también conocida como ley de Polaroid, fijaba un límite por el que un mismo operador no podía controlar más de tres canales nacionales (tres exactamente, es el número de canales gestionados por la RAI). Al igual, se imponía que ningún operador podía acceder a más del 20 por ciento del total de los recursos del sector de la comunicación de masas. Dicha ley introdujo una serie de notables cambios, aunque no se pronunció sobre las emisoras radiotelevisivas que disponían de una posición dominante, dado lo cual el duopolio RAI y Mediaset continuaba consolidándose. Finalmente, la ley Mammì fue declarada inconstitucional.

En 1993, la anti-lottizzazione, pretendía liberar a la RAI de su dependencia del sistema de los partidos políticos. La ley reducía el número de miembros del Consejo de Administración de la RAI de 16 a 5, y establecía que fueran nombrados por los presidentes de la Cámara y del Senado, en lugar de la Comisión Parlamentaria de Vigilancia de la RAI, en un intento de garantizar la independencia política de la emisora.

En el año 1997, la conocida como  ley Maccanico y propuesta por el gobierno de centroizquierda, sostenía que ningún operador podía acceder a más del 30 por ciento del total del total de los recursos del sector de la comunicación de masas, ampliando lo establecido por la ley Mammì. Esta ley, pretendía adoptar las medidas necesarias para eliminar o impedir la formación de posiciones dominantes o perjudiciales para el pluralismo.

En 2004, se aprueba la ley Gasparri, que sostenía que la garantía de libertad y de pluralismo de los medios de comunicación es un principio fundamental del sistema radiotelevisivo. Para que esto fuera posible, el sector televisivo debía adherirse fielmente a los principios de la libre competencia de mercado. Pero realmente, esta ley había sido concebida para proteger el imperio televisivo de Berlusconi y el duopolio existente, y desde luego, no para promover el pluralismo ni el derecho de los ciudadanos a ser informados dentro de un sistema caracterizado por una variedad de fuentes. Posteriormente, fue considerada ilegal.

Y por último, la ley Gentiloni, cuyo propósito habría sido reducir las posiciones dominantes de Mediaset y RAI, fijar nuevos umbrales antitrust y dirigir la base de transición a la televisión digital. Pero esta ley no llegó a ser aprobada.